Por: Eduardo Gónzalez Silva.
El cultivo de la caña de azúcar, una de las fuentes de energía más baratas en la dieta humana, que benefició desde la Época Novohispana a manos llenas a colonizadores, hacendados, políticos, líderes obreros y campesinos, así como a agroindustriales, con el tiempo se convirtió en muy amarga experiencia para la historia de México.
Pura en carbohidratos, el azúcar de los alimentos más importantes en todo el mundo, para los jornaleros cañeros tiene un sabor distinto, actividad de subsistencia, donde la injusticia social es permanente, con una ley laboral como letra muerta y la explotación, discriminación racial e insalubridad, están presentes en el día a día.
El Tratado de Libre Comercio del 94 marcó una nueva etapa histórica en la omisión del Estado mexicano, de elaborar una estrategia para ese sector agroindustrial constituido por 52 ingenios azucareros, cuya actividad representa el 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto, empleos directos por alrededor de 350 mil, dos millones 650 mil indirectos y la supervivencia de casi de 12 millones de mexicanos de 15 estados de más de 200 municipios del país.
Un TLC mal negociado puso en desventaja al sector, con la importación de Alta Fructosa de Maíz (AFM) proveniente de Estados Unidos. En consecuencia, mientras que México sólo pudo exportar siete mil 258 toneladas anuales de azúcar, con lo quedo casi cerrada la frontera norteamericana, para la AFM no hubo restricciones, con el pago de un arancel de 15 por ciento en el primer año, impuesto que se habría de reducir a 1.5 por ciento anual hasta desaparecer.
Desabrido paladar con el TLC
Sin una política eficiente de comercialización, aumentaron los problemas para colocar en el mercado los excedentes de la producción de azúcar. El TLC impidió que México se convirtiera en exportador del dulce en los años posteriores a su firma.
Los productores azucareros mexicanos, en inicio, vieron la oportunidad de ampliar en el mediano plazo su participación en el mercado de Norteamérica, con un máximo de 25 mil toneladas si cumplía el requisito de ser productor superavitario.
Sin embargo, los productores azucareros estadounidenses que ante la posibilidad de que los refresqueros mexicanos utilizaran fructosa en lugar de azúcar, con un descenso de la demanda del dulce y el aumento de su potencial exportador, presionaron a las autoridades norteamericanas para modificar la negociación final del capítulo azucarero.
Con las llamadas Cartas Paralelas cambió el acuerdo, se incluyó a la alta fructosa con la definición de productor superavitario neto, cuya producción estimada de azúcar debe ser superior al valor resultante de la suma de los consumos estimados de jarabe de maíz; con ello se restringió la exportación a la Unión Americana y se permitió el ingreso de grandes cantidades de AFM, así México fue sometido a la competencia desleal.
El azúcar, elemento que proporciona alrededor de 12 por ciento de hidratos de carbono, para la mayoría de la población ha significado un dulce muy ácido, con un sector agroindustrial que ha ido de la ineficacia administrativa gubernamental y protección al sector privado, a la falta de planeación, que en 60 años se convirtió en botín político, saqueo, expropiaciones, tropiezos, privatizaciones y rescates fiscales, con incalculable costo económico.
Precariedad laboral
En el caso de los cortadores de caña, en lugar de que el azúcar sea un generador de energía en su alimentación, ha significado para su vida vulnerabilidad social, precariedad laboral, sin acceso a derechos, además de exclusión social.
Así lo señala un amplio estudio elaborado por la investigadora Martha García Ortega, académica de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), titulado “Jornaleros Agrícolas de México y Centroamérica, en los ingenios del sur-sureste, retos de la política pública”.
En el se detallan las condiciones de las instalaciones de los trabajadores, que laboran en especial en los ingenuos de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde gran número son migrantes que se alojan en campamentos llamados galeras.
Instalaciones, la mayoría de las veces, inadecuadas, “se podría decir que son indignas por carecer de los servicios públicos, seguridad e higiene”. En muchos casos, se trata de migrantes que se trasladan con sus familias a los lugares de trabajo, albergues calificados como centro de conflictos, no solamente internos entre trabajadores, sino también de salud pública.
“Espacios que son muestra del rechazo de la población que los recibe, estigmatizados y aislados socialmente, que viven en condiciones precarias, sin leyes que garanticen salarios justos ni derechos laborales, pagos a destajo –una tonelada de caña cortada es pagada entre 35 y 40 pesos–, falta de acceso a la educación, salud y alimentación”.
La investigadora precisa, que “los jornaleros del azúcar son el primer eslabón laboral de este producto, de consumo nacional, todo el mundo lo usa, la producción de azúcar es para el mercado interno, pero estos trabajadores son los últimos en la cadena laboral en ver los beneficios del sector, ellos prácticamente están en un esquema de trabajo de explotación extrema, sin ley que se haga valer ni garantice sus derechos”.
El estudio analizó cuatro ingenios de la frontera sur, básicamente el entorno a la mano de obra que se emplea en ese monocultivo, donde existen alrededor de 60 mil personas, fundamentalmente hombres, aunque también hay mujeres y niños, “que trabajan a destajo y se emplean en la zafra nacional”.
Carecen de las garantías básicas, como contratos de trabajo y seguridad social, sin servicio médico, falta de acceso a educación, salud y alimentación, con una característica más, muchos son extranjeros –guatemaltecos y beliceños–, con poca presencia de cortadores de origen salvadoreño y hondureño.
Se trata, alerta, de un tema que se conoce poco, pues no hay estudios tan amplios dentro de la caña de azúcar hay toda una tradición de este mercado laboral y de movilidad de trabajadores, incluso más antigua que la que se experimenta en otras partes y cultivos en el resto de México.
Sobre las condiciones reales, la investigadora precisa que un trabajador promedio requiere cortar por lo menos cinco toneladas al día, para ganar 200 pesos diarios, pocos cortadores alcanzan esas jornadas.
Existen registros de trabajadores de élite –cortadores jóvenes y fuertes– que llegan a cortar hasta 10 toneladas de caña; pero que no reciben sus pagos completos porque los castigan por aspectos de calidad que les imponen en los ingenios, pero a los que no ofrecen capacitación.
El 67 por ciento de los jornaleros migrantes son contratados por palabra. Y, como todos los trabajadores agrícolas, los cortadores de caña tienen la clasificación de ´no calificados´.
En el caso particular del ingenio San Rafael de Pucté en Quintana Roo, que pertenece al grupo Beta San Miguel, el segundo productor de azúcar en México y el primer productor privado, con una producción de más de 700 mil toneladas de azúcar, la mano de obra para el corte de caña llega a ser más del 50 por ciento, provenientes del interior de México y de Belice.
La especialista revela la importancia del tema de la etnicidad, por la elevada presencia de indígenas. “No es casual que en estos mercados laborales tan precarios y de alta explotación estén involucradas indígenas mexicanos y guatemaltecos de origen Mam, así como grupos mayas, en los ingenios del sur de México, y de carácter étnico de afrodescendientes del norte de Belice”.
En el ingenio de San Rafael de Pucté, precisa, se registra la presencia de jornaleros nahuas del norte de Puebla y del sur de la sierra de Zongólica, y una mano de obra de zapotecos de Oaxaca, que tienen años llegando a dicho ingenio. Además, documenta el éxodo chiapaneco de grupos de jóvenes cortadores de caña originarios de Palenque, Ocosingo y Chilón, de origen chol, tzeltal y tzotzil.
Martha García Ortega, comenta que durante los seis meses que dura la zafra, de noviembre a mayo, los cortadores permanecen ahí, aunque existen también quienes históricamente no se han movido de esa zona que los vinculan con los mercados laborales de Centroamérica y esa parte de México.
“Registramos la presencia de cuatro generaciones de cortadores de caña, sobre todo en Veracruz, en donde el abuelo había sido cortador, el padre había sido cortador, el entrevistado era cortador, y su hijo estaba cortando ya”, subraya.
Para la investigadora, su trabajo no victimiza a los jornaleros, sino que ofrece una visión de los actores que participan en el proceso; productores, cabos, enganchadores y mujeres.
“La idea del trabajo es que la gente piense qué hay detrás de una cucharada de azúcar cuando se sirve un café, un té, se toma un atole en la calle o degusta un pastel de azúcar refinada en un restaurante. Hay toda una problemática social y por lo menos se podría hacer consciencia de esta difícil situación”. (Continúa segunda parte)
