DE NORTE A SUR
*Guillermo Correa Bárcenas
Este 6 de enero es el 102 aniversario de la primera Ley Agraria de México, decretada por Venustiano Carranza por el descontento de los campesinos que, sin tierras, participaban en los difíciles días de la Revolución, provocada por el colmo social. Hoy, la inconformidad también crece en el país con el chispazo que ha motivado el aumento de precios a los combustibles, entre ellos el diésel que es fundamental para las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales. El gobierno, inmutable, no se cansa de argumentar que el alza es necesaria, porque si no después resultaría más dolorosa. Eso mismo parece gritarle la sociedad humillada ante el enriquecimiento indebido, los altísimos salarios, la corrupción, la impunidad de la clase gobernante que si no cambia ahora a favor de la mayoría, después lo va a lamentar.
Pronto se verá, aparte de las acciones de rebeldía civil convocadas para días recientes, en las elecciones del primer domingo de junio próximo con las que deberán cambiarse las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit, dominadas hasta ahora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que también se juega su permanencia en la Presidencia de la República con los comicios de un año después.
Arturo Warman, el recordado antropólogo mexicano y extitular de la Secretaría de Reforma Agraria, hoy SEDATU; así como de Agricultura y Ganadería, ahora Sagarpa, aseguró que La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y que se desarrolló en tiempos de la guerra civil. A lo largo de un extenso período se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido, y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la experiencia reformista fue determinante y produjo efectos que conviene analizar para discernir nuevas alternativas. Ni desastre ni triunfo, la reforma es un proceso abierto pero imperfecto; sus soluciones de mediano plazo solo serán viables si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas destinados a conducir la reforma a su término.
En efecto, fue en 1992 cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cambió el 27 Constitucional para terminar de una vez con el reparto agrario impulsado por Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, lo que dio fama a México en el mundo por su Revolución Social, concepto que sepultó el salinismo con la privatización de la tierra, o sea, la contra reforma agraria, que pronto, junto con la energética, multiplicará el descontento rural por el despojo de predios por parte de empresas trasnacionales, petroleras y eólicas, entre otras, que ya regresan a México para continuar el robo medianamente suspendido. Ejemplo de ello, son las compañías mineras que tienen concesionada más de la cuarta parte del territorio nacional, millones de hectáreas que en muchos casos son de los pueblos indígenas que han sufrido hasta la extinción de sus centros rituales.
Esa es la lucha que habrá de multiplicarse, mientras que en estos momentos se ha fijado el 9 de enero como un día más de descontento nacional al que, a través de las redes, se ha invitado a participar de manera pacífica, pues, como se sabe, han aparecido grupos vandálicos que, no es difícil sospechar, son promovidos con la finalidad de atemorizar a la población con actos represivos por parte de las autoridades encargadas del orden. No obstante, las organizaciones campesinas, principalmente contrarias al sistema económico que prevalece en México desde hace más de 36 años, han llamado a la movilización a partir de hoy 6 de enero, sin saber con precisión de qué tamaño será su lucha.
Sus dirigentes acusan que la situación es ya insoportable con el aumento al diésel y a las gasolinas, a las tarifas de luz, a la privatización del agua en estados como Puebla y Baja California, a la carestía de los insumos para la producción, la pulverización de los salarios y a la falta de dinero para comprar alimentos. Desde 2013 –recuerda José Dolores López Domínguez, de la CIOAC—se han disparado los costos de producción de frijol por hectárea, pues eran de 4 mil pesos y pueden elevarse hasta 7 mil. Con el maíz que, hace tres años, estaba en 22 mil por hectárea, puede subir hasta a los 31 mil pesos. A ello se deben las protestas anunciadas en por lo menos 22 estados de la República.
No es para menos. En el caso del diésel que es el combustible que más se usa en el campo y en las actividades de pesca, su precio se ha encarecido 16.5 por ciento y el litro cuesta ya 17.05 pesos. Si antes, dicen los productores, se llenaba una troca con 800 pesos, en estos momentos se requieren 1,200. Y cómo, se preguntan. Lo peor de todo, comentan los del Barzón, el gobierno no cumplió con su promesa –junto con otras muchas más—de vender el diésel agropecuario a 12.90 pesos el litro durante todo 2016.
Luis Tovar, dirigente de la Coduc en la capital del país, ha propuesto que Miguel Ángel Mancera se ponga al frente de la indignación social capitalina por el gasolinazo. Dice el dirigente campesino que, frente a la crisis económica, política y social que enfrentamos los mexicanos, el Jefe de Gobierno de la CDMX debe urgentemente pronunciarse contra este atraco a la ciudanía y encabezar una movilización a los Pinos, si es que realmente quiere ser candidato a la Presidencia de la República, donde demuestre que un gobierno emanado de la izquierda se mantiene siempre del lado del pueblo. Si bien admite el líder que no está en manos del gobierno capitalino subsidiar el transporte público concesionado ni modificar los precios de la canasta básica de alimentos, toda vez que éstos los regula el mercado, sí puede mostrar que es sensible al reclamo de la sociedad y decir qué medidas va a tomar su gobierno para favorecer a la economía familiar y hacer frente a la crisis. De lo contrario, advierte Luis Tovar, el corazón político del país sufrirá las consecuencias del estallido social. El silencio ha sido la respuesta.
La Confederación Nacional Campesina, que es la más grande y antigua organización de México, advierte, por su parte, que mientras existan ejidos y comunidades, los campesinos y dirigentes agrarios celebrarán cada aniversario la promulgación de la primera Ley Agraria del 6 de enero de 1915, a través de la cual el Gobierno de la República distribuyó más de 100 millones de hectáreas que aún conservan ejidatarios, comuneros, colonos y propietarios. Con ese motivo miles se reúnen desde ayer en el puerto de Veracruz para festejar, dicen, el fruto de un movimiento revolucionario que cambió el destino de los mexicanos a partir del Siglo XX.
La Ley Agraria de 1915 es un instrumento jurídico y referencia para investigadores y académicos no sólo de México, sino de muchas naciones que ven en ese ordenamiento agrario expresiones de equidad, de justicia y de derecho de las familias campesinas a poseer un espacio dónde vivir, trabajar y desarrollarse. Seguro que así fue, pero desde 1992 ya no lo es, por lo menos jurídicamente. La propiedad social de la tierra, por la que se luchó hace un siglo y costó la vida a más de un millón de mexicanos, está de nuevo en peligro.
DESDE EL CENTRO
Manuel Cota Jiménez, líder der la CNC y senador, se prepara para pedir licencia a las instancias para competir por la candidatura a gobernador del PRI, objetivo con el que también sueña Raúl Mejía González, presidente nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios, exdiputado y senador, además de alto funcionario de la SAGARPA. El escogido tendrá que enfrentar posiblemente una alianza PAN-PRD y con seguridad una candidatura independiente… Polémico el regreso de Luis Videgaray como nuevo Canciller mexicano. Se quiera o no, afirman los que saben, es la primera influencia de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos… Con la irritación creciente por la carestía que desata el alza a energéticos, casi han pasado las nuevas Reglas de Operación de la SAGARPA.
*Reportero de radio y medios impresos, fundador de la revista Proceso, asesor de organizaciones indígenas y campesinas, colaborador de agencias de noticias y portales de internet.
